Gobierno prepara represalias contra Oruro por defensa del Aeropuerto
Miércoles, 3 de abril de 2013
La Paz, 2 (ANF).- , Bolivia - Nacional
La Paz, 2 (ANF).- , Bolivia - Nacional
El diputado de Convergencia Nacional, Franz Choque, dijo este martes que el Gobierno prepara represalias contra quienes integraron el movimiento cívico por el cambio de nombre al Aeropuerto Internacional de Oruro, "Juan Mendoza". Advirtió que los dirigentes podrían ser detenidos, luego de que grupos de inteligencia operaron durante las movilizaciones.
El legislador opositor dijo que una primera muestra del amedrentamiento del Gobierno contra los cívicos de Oruro, es la emisión de tres spots en contra de la movilización cívica por el canal estatal, a ello se sumaría un artículo de prensa publicado el fin de semana en el periódico gubernamental.
"Durante las movilizaciones vimos la presencia de grupos de inteligencia del Ministerio de Gobierno, así también lo confirmaron los diputados del MAS, ahora tenemos información que el trabajo de inteligencia derivaría en la detención de nuestros dirigentes, eso sería algo muy lamentable, puesto que retornaríamos a la época de las dictaduras en un Gobierno que dice ser democrático", manifestó.
En ese marco, el legislador ve una "revancha" contra Oruro por parte del presidente Morales, pues la movilización con bloqueo de carreteras obligó a la Asamblea Departamental restituir el nombre del aviador Juan Mendoza, en vez de Aeropuerto "Evo Morales Ayma".
Asimismo, dijo que se prepara una arremetida contra el grupo de Facebook "Soy un orureño del c...", que fue uno de los espacios virtuales donde se apoyó el cambio de nombre al Aeropuerto por parte de la ciudadanía: "El Gobierno ahora busca desactivar los espacios de la democracia digital. Si desarticulan ese grupo, será el primero en una larga lista de plataformas críticas en las redes sociales a ser acalladas".
Con la mediación de la Iglesia Católica, el Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, dirigentes de la Central Obrera Departamental, cívicos, campesinos y asambleístas de Oruro acordaron la madrugada del 22 de marzo la anulación de la ley 045, que cambia el nombre del aeropuerto departamental. El acuerdo también incluye el compromiso de realizar una consulta al Tribunal Constitucional para que éste determine qué instancia es la responsable de poner el nombre a esa infraestructura.
El legislador opositor dijo que una primera muestra del amedrentamiento del Gobierno contra los cívicos de Oruro, es la emisión de tres spots en contra de la movilización cívica por el canal estatal, a ello se sumaría un artículo de prensa publicado el fin de semana en el periódico gubernamental.
"Durante las movilizaciones vimos la presencia de grupos de inteligencia del Ministerio de Gobierno, así también lo confirmaron los diputados del MAS, ahora tenemos información que el trabajo de inteligencia derivaría en la detención de nuestros dirigentes, eso sería algo muy lamentable, puesto que retornaríamos a la época de las dictaduras en un Gobierno que dice ser democrático", manifestó.
En ese marco, el legislador ve una "revancha" contra Oruro por parte del presidente Morales, pues la movilización con bloqueo de carreteras obligó a la Asamblea Departamental restituir el nombre del aviador Juan Mendoza, en vez de Aeropuerto "Evo Morales Ayma".
Asimismo, dijo que se prepara una arremetida contra el grupo de Facebook "Soy un orureño del c...", que fue uno de los espacios virtuales donde se apoyó el cambio de nombre al Aeropuerto por parte de la ciudadanía: "El Gobierno ahora busca desactivar los espacios de la democracia digital. Si desarticulan ese grupo, será el primero en una larga lista de plataformas críticas en las redes sociales a ser acalladas".
Con la mediación de la Iglesia Católica, el Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, dirigentes de la Central Obrera Departamental, cívicos, campesinos y asambleístas de Oruro acordaron la madrugada del 22 de marzo la anulación de la ley 045, que cambia el nombre del aeropuerto departamental. El acuerdo también incluye el compromiso de realizar una consulta al Tribunal Constitucional para que éste determine qué instancia es la responsable de poner el nombre a esa infraestructura.
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