En el conflicto con Potosí
Asimismo recordó que las instituciones de Oruro cuestionaron los procedimientos de conciliación, consciente de que esto no resolvería el conflicto, puesto que el territorio del departamento no puede ser negociado bajo ningún término.
"La Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales fue promulgada el 31 de enero de 2013, esta norma establece que el Ministerio de Autonomías es la instancia donde se sustancia los procesos de delimitación territorial interdepartamental, lo lamentable de todo esto es que los orureños no confiamos en la imparcialidad del Ministerio de Autonomías, porque viceministros y técnicos se parcializaron siempre con Potosí, tanto en la antigua como en la nueva normativa, por eso reiteramos que Oruro duda de la imparcialidad del Gobierno", señaló el legislador.
Asimismo dijo que Bolivia tiene aprobada la nueva normativa jurídica, subsiste la antigua que no fue abrogada, consiguientemente Oruro debe decidir si continúa con la antigua Ley 2150 de Unidades Político Administrativas (UPAs) o se adecúa a la nueva Ley de Delimitación de Unidades Territoriales. "Esta decisión tiene que ser adoptada por el gobernador (Santos Tito Veliz), esta decisión debe ser bien meditada, lamentablemente el gobernador de Oruro como autoridad competente tenía más de seis meses para diseñar la estrategia y hasta hoy seguimos en la incertidumbre", enfatizó Choque.
Para adecuar el proceso a la nueva Ley 339, o para continuar con el antiguo procedimiento se requiere el consentimiento de ambas partes según señala la disposición transitoria segunda de la mencionada Ley y el artículo 113 del Decreto Supremo 1560, "pero los gobernadores de Potosí y de Oruro, ambos del MAS, teniendo tanto tiempo no se pusieron de acuerdo para definir el camino para solucionar el problema".
"En todo caso, la salida a este conflicto por los límites territoriales está en manos del Gobierno y la Gobernación, nosotros exigimos que nuestras autoridades competentes no incumplan el mandato de la Ley, mientras tanto están 2.800 kilómetros cuadrados aproximadamente de territorio en riesgo de ser cercenados de la integridad territorial de nuestro departamento y una decena de huelguistas de hambre frente a la insensibilidad, ineficiencia y negligencia del Gobierno departamental del MAS", remarcó el diputado.
2.800 kilómetros cuadrados de territorio orureño están en riesgo
A nueve meses de haberse promulgado la Ley de Delimitación Territorial y a seis meses de haberse promulgado el Decreto Supremo reglamentario de la nueva Ley de Delimitación, el diputado Franz Choque acusa al Gobierno y la Gobernación de no cumplir sus deberes establecidos en la nueva normativa para la delimitación territorial.
Jueves, 17 de octube de 2013
LA PATRIA, Bolivia - Nacional
LA PATRIA, Bolivia - Nacional
Asimismo recordó que las instituciones de Oruro cuestionaron los procedimientos de conciliación, consciente de que esto no resolvería el conflicto, puesto que el territorio del departamento no puede ser negociado bajo ningún término.
"La Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales fue promulgada el 31 de enero de 2013, esta norma establece que el Ministerio de Autonomías es la instancia donde se sustancia los procesos de delimitación territorial interdepartamental, lo lamentable de todo esto es que los orureños no confiamos en la imparcialidad del Ministerio de Autonomías, porque viceministros y técnicos se parcializaron siempre con Potosí, tanto en la antigua como en la nueva normativa, por eso reiteramos que Oruro duda de la imparcialidad del Gobierno", señaló el legislador.
Asimismo dijo que Bolivia tiene aprobada la nueva normativa jurídica, subsiste la antigua que no fue abrogada, consiguientemente Oruro debe decidir si continúa con la antigua Ley 2150 de Unidades Político Administrativas (UPAs) o se adecúa a la nueva Ley de Delimitación de Unidades Territoriales. "Esta decisión tiene que ser adoptada por el gobernador (Santos Tito Veliz), esta decisión debe ser bien meditada, lamentablemente el gobernador de Oruro como autoridad competente tenía más de seis meses para diseñar la estrategia y hasta hoy seguimos en la incertidumbre", enfatizó Choque.
Para adecuar el proceso a la nueva Ley 339, o para continuar con el antiguo procedimiento se requiere el consentimiento de ambas partes según señala la disposición transitoria segunda de la mencionada Ley y el artículo 113 del Decreto Supremo 1560, "pero los gobernadores de Potosí y de Oruro, ambos del MAS, teniendo tanto tiempo no se pusieron de acuerdo para definir el camino para solucionar el problema".
"En todo caso, la salida a este conflicto por los límites territoriales está en manos del Gobierno y la Gobernación, nosotros exigimos que nuestras autoridades competentes no incumplan el mandato de la Ley, mientras tanto están 2.800 kilómetros cuadrados aproximadamente de territorio en riesgo de ser cercenados de la integridad territorial de nuestro departamento y una decena de huelguistas de hambre frente a la insensibilidad, ineficiencia y negligencia del Gobierno departamental del MAS", remarcó el diputado.
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